No basta con disculparse… ¿cuáles son los riesgos de marketing para las empresas bajo la Ley de Redes de Información y Comunicación reformada, vigente desde el día 7?

Yoon Kyung-won, abogado de Daeryun LLC

Las difamaciones a competidores movilizando "cafés de madres" (comunidades en línea de progenitoras) y las reseñas de denuncia no verificadas de youtubers patrocinados son riesgos que han generado problemas de forma reiterada en el terreno del marketing. Hasta hace muy poco, estos asuntos se zanjaban con la sanción a los responsables o la publicación de una disculpa, pero bajo el régimen de la Ley de Redes de Información y Comunicación reformada, vigente desde el pasado día 7, la propia premisa ha cambiado. Dado que un contenido promocional al que le falte la verificación de los hechos, si se considera información falsa o manipulada, puede derivar en un grave conflicto jurídico, ha llegado el momento de que también las actividades de marketing de las empresas cuenten con un sistema de gestión jurídica.

El "publicador", principal sujeto regulado por la ley reformada, es aquel que difunde información de forma profesional y alcanza cierta escala, si bien el criterio concreto aún no se ha fijado por reglamento de desarrollo. No obstante, a la luz del criterio del borrador publicado por la Comisión de Comunicaciones y Medios Audiovisuales (tres o más publicaciones en los últimos tres meses, 100.000 o más suscriptores, o una media mensual de 100.000 o más visualizaciones), los canales oficiales de empresas o los influencers también pueden quedar incluidos como sujetos con obligaciones legales si cumplen ciertos requisitos. Si estos difunden reiteradamente información falsa o manipulada ilícita, pueden ser objeto de una sanción pecuniaria de hasta 1.000 millones de wones y, si se aprecia intención dañosa o ánimo de beneficio indebido, incluso de una responsabilidad indemnizatoria punitiva de hasta cinco veces el importe del perjuicio.

Esta ley reformada, más que crear numerosas conductas prohibidas nuevas, pone el acento en concretar la atribución de responsabilidad en el proceso de difusión de contenidos y los procedimientos de reparación posteriores. Por ello, para las empresas es probable que el eje central de los futuros conflictos sea "con qué fundamento se afirma", más que "qué se puede decir". Asimismo, los profesionales deben prestar atención a la corriente de autorregulación de las plataformas donde se difunden los contenidos. Si en los primeros momentos de vigencia las grandes plataformas ejecutan sus políticas de forma conservadora, es difícil descartar que los contenidos empresariales queden temporalmente restringidos en su acceso o incluso eliminados.

En definitiva, la empresa debe dejar de depender del criterio individual de los profesionales o de proveedores externos y dotarse de un sistema de respuesta preventivo. Las medidas que deben aplicarse de inmediato se resumen en tres.

Primera, la implantación de un "proceso de revisión de marketing" que adelante el momento de la verificación. En la práctica, es frecuente que se solicite asesoramiento jurídico solo después de tener el resultado final —vídeo, diseño, etc.—. En ese caso, por el tiempo y el coste hundido de una modificación total, es habitual que se sigan adelante aun conociendo la posibilidad de ilegalidad. Es necesario reformar por completo el procedimiento para que, desde la fase de planificación del contenido, se pase la revisión jurídica y se obtenga la aprobación final adjuntando fundamentos objetivos.

Segunda, la revisión de las expresiones exageradas usadas por costumbre. Este es un asunto que, al margen de la ley reformada, debe examinarse también por la posible publicidad indebida conforme a la Ley de Etiquetado y Publicidad. Al emplear expresiones como "el mejor del sector" o "el primero del país", conviene introducir una lista de verificación publicitaria que asegure de antemano datos acreditados o indicadores objetivos.

Tercera, el refuerzo del deber de verificación de los contenidos elaborados con IA generativa. La IA es solo una herramienta de redacción, no un sujeto de responsabilidad jurídica. Si se publica el resultado tal cual sin una verificación de hechos propia, el riesgo derivado de la difusión de información falsa o manipulada recae por igual en la empresa como publicadora final. Aunque se utilice la IA para producir contenidos, hay que tener presente que la verificación detallada de los hechos sigue correspondiendo a las personas.

Al igual que el estándar global, incluida la Ley de Servicios Digitales (DSA) de la UE, también Corea está reorientando su marco regulatorio hacia la mejora de la fiabilidad de los contenidos en línea. En la práctica, es probable que aumenten primero los conflictos en torno a la publicidad comparativa entre empresas, la viralización por influencers y las reseñas en plataformas. Si por inercia se limita uno a reaccionar a posteriori, puede enfrentarse a riesgos judiciales imprevistos. La respuesta más realista es sofisticar el sistema de cumplimiento preventivo con el apoyo de un experto jurídico versado en la Ley de Redes de Información y Comunicación y en el derecho corporativo.

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